EL JUCAR-VINOLOPO A LOS JUZGADOS 

30/10/2007 2:40:00 (792 Lecturas)

Gobierno y Generalitat agotan la vía política para cambiar el Júcar-Vinalopó

El fracaso de la última reunión celebrada esta semana en Madrid entre altos cargos del Consell y de Medio Ambiente deja el futuro de las obras del trasvase en manos de los jueces…

“L a ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, observa en imagen de archivo las obras del embalse de San Diego (Villena), ya acabado, donde llegarán las aguas del Júcar desde Cullera”. ¿ De verdad?

El Consell y el Ministerio de Medio Ambiente han agotado definitivamente la vía política para buscar una solución que desbloquee el proyecto del trasvase Júcar-Vinalopó tras el fracaso de la última reunión celebrada a principios de esta semana en Madrid entre altos cargos del departamento que dirige Cristina Narbona y de la Conselleria de Agua. En la misma volvió a quedar claro que las posturas divergentes no tienen solución debido a que el Ministerio considera ya innegociable el cambio del nuevo trazado que comenzó a construirse el 20 de julio y del que, según Aguas del Júcar, está en marcha el 50% -tramitación y obras-.

Medio Ambiente asegura que tiene usuarios -Confederación Hidrográfica del Júcar- y se siente completamente legitimizado por el respaldo que ha recibido desde la Unión Europea, por lo que en el encuentro rechazó los argumentos de los enviados de la Generalitat, que trataron de explicar los beneficios económicos y sociales – apoyo de la Junta Central de Usuarios- que tendría el traslado de la toma del agua del Azud de la Marquesa al de Antella, donde los informes técnicos aseguran que el caudal sirve tanto para el regadío como para el consumo humano, opción que sí convence a los usuarios de Alicante, dispuestos desde hace meses a renunciar a que el agua llegue desde Cortes de Pallás. La negociación política quedó archivada -la legislatura está en su recta final- y, en estos momentos, la Junta Central y el Consell sólo confían en que prospere alguno de los recursos judiciales que tienen presentados en Madrid y Valencia contra la adjudicación de las polémicas obras y, posteriormente, contra el inicio. La Junta ha presentado ya la reclamación patrimonial por la que pide al Estado cerca de 100 millones de euros en concepto de los daños y perjuicios que, según los usuarios, les ha provocado la paralización de las obras del proyecto original en 2005 y el posterior cambio del proyecto.

La primera demanda se presentó hace un par de semanas en un juzgado de Madrid para reclamar los 752.283 euros pagados por los usuarios entre 2003 y 2006 por diferentes conceptos, entre los que destacan, la comisión de apertura del fallido crédito sindicado de 75 millones de euros que acordaron con la CAM y otras entidades de ahorro para aportar su participación económica en las obras del proyecto original Cortes-Villena. La Junta entiende que la deuda de 43 millones de euros a 30 de septiembre de 2005 que en su día les reclamó Aguas del Júcar por certificaciones del proyecto «no tiene ningún sentido cuando la sociedad estatal cambió el trazado de forma unilateral y sin contar para nosotros. Incluso nos expulsaron del consejo de administración con lo que sólo faltaba ahora que tuviéramos que pagar por una obra que no nos hacen, sería surrealista». Aguas del Júcar había llegado a un acuerdo con los usuarios para que la deuda se pagara vía tarifas cuando llegara el agua. La ruptura de relaciones entre la Junta y la sociedad estatal dio al traste con los acuerdos y anunció el comienzo de la guerra del agua que ha llevado el proyecto a los juzgados.

Los usuarios consideran que su iniciativa tiene argumentos legales suficientes para plantear la denuncia desde el pasado 22 de junio cuando la ministra Cristina Narbona firmó la autorización para el comienzo de las obras en el tramo «C» del nuevo trazado, lo que dio pie a la existencia de un primer documento oficial para reclamar daños y perjuicios a Patrimonio del Estado.

La Junta Central ha intentado acercar posturas con el Ministerio en los últimos meses renunciando incluso a la toma en Cortes de Pallás, si Aguas del Júcar trasladaba la captación del agua desde el Azud de la Marquesa al de Antella. No ha habido respuesta ni de Madrid ni de Valencia al insistir el Ministerio en que la decisión del cambio de trazado fue técnica, los mismos argumentos que trasladaron los altos cargos del Ministerio al Consell en la reunión de principios de semana.

Por otro lado, la ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, aprobará junto a sus homólogos europeos el martes en Luxemburgo un conjunto de medidas para paliar la escasez de agua. El texto que se aprobará contempla todas las opciones: trasvases, reutilización de aguas residuales y la desalación de agua del mar.

F. J. BENITO Información

http://www.diarioinformacion.com/secciones/noticia.jsp?pRef=2211_12_685924__Alicante-Gobierno-Generalitat-agotan-politica-para-cambiar-JucarVinalopo

 

Por otra parte, y según informa Europa Press, el PP presentará una moción en la Diputación para que el Gobierno ejecute el PHN

El PP de la Diputación Provincial de Alicante presentará en el próximo pleno de la institución una moción en la que pide al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que ejecute el Plan Hidrológico Nacional (PHN) según informaron hoy en un comunicado fuentes de la corporación provincial alicantina.

La portavoz adjunta popular, Mercedes Alonso, presentó esta mañana una moción que se abordará en el próximo pleno, que se celebrará el 4 de octubre, y en la que se pide a Rodríguez Zapatero la ejecución del PHN con la recuperación del trasvase del Ebro y en la que se exige al Ministerio de Medio Ambiente que no reduzca los aportes del trasvase Tajo-Segura para riego ni para abastecimiento urbano.

Alonso explicó hoy que esta moción “pide al Ministerio de Medio Ambiente que vuelva al trazado original en el trasvase Júcar-Vinalopó, o en su defecto, escuche la propuesta de los usuarios adaptando una solución intermedia para recuperar el consenso, que dinamitó intencionadamente Rodríguez Zapatero”. También, según dijo, “se exige al Gobierno que el trasvase Tajo-Segura cumpla con la legislación vigente y no reduzca los aportes para riego ni para el abastecimiento humano”.

Además, el texto “rechaza el plan masivo de implantación de desaladoras del Gobierno central, a quien le exige la ejecución del Plan Hidrológico Nacional con la recuperación del trasvase del Ebro y la rectificación del actual trazado del trasvase Júcar-Vinalopó que no convence a nadie, recuperando el inicial o adoptando una solución intermedia”.

En esta línea, según Alonso, el texto apunta que “la implantación masiva de desaladoras en el Mediterráneo español, perjudica notablemente a la Comunitat Valenciana a la que se niega 350 hectómetros cúbicos de los 1.050 hectómetros cúbicos del trasvase del Ebro”. A su modo de ver, “esta medida hipoteca el futuro desarrollo del turismo, la agricultura, el crecimiento urbano y la economía de la Comunitat”.

De este modo, el texto de la moción “rechaza el plan masivo de implantación de desaladoras del Ministerio de Medio Ambiente por sus evidentes carencias y los graves perjuicios que ocasionarán en la Comunitat Valenciana”. A este respecto, Alonso señaló que el Fondo Mundial para la Naturaleza, uno de los principales colectivos ecologistas del planeta, “también rechaza la implantación masiva de desaladoras”.
http://www.europapress.es/00292/20070928150826/alicante-pp-presentara-mocion-diputacion-gobierno-ejecute-phn.html

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